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jueves, 3 de septiembre de 2015

El Tribunal Constitucional






¿Que sucedería si  Usted o yo no cumpliésemos la resolución de un tribunal de justicia? Lo normal es que nos empapelarían y nos obligarían a hacerlo. ¿Qué sucedería si esta misma resolución no la cumple un determinado político u organismo de la administración del Estado, desoyendo y haciendo caso omiso de dicho tribunal? Pues  no pasaría nada, porque  algunos parecen estar por encima de la ley. Es el caso del Tribunal Constitucional que ante sus sentencias solo podía recomendar al gobierno mecanismos necesarios para su cumplimiento, pero carecía de mecanismos resolutorios concretos. Ante esta situación el PP va a presentar una ley que corrija estas deficiencias para que TC pueda "suspender" que no "inhabilitar", tanto a personas físicas como a instituciones del Estado, cualquier desacato o incumplimiento. Pues bien, lo que es de sentido común para cualquier ciudadano -que se cumplan las resoluciones del TC- y para cualquier Estado Democrático de Derecho, para el Señor Más Ṕresidente de la Comunidad autónoma de Cataluña, es un acto inquisitorial e impropio de un Estado de Derecho (para este Señor el Estado de Derecho consiste en hacer caso omiso de las sentencias del T.C. como acostumbra a hacer la Generalidad) Pero lo más sorprendente es que el PSOE y los demás partidos políticos del arco parlamentario, se opongan a dicha ley. Es cierto que el PSOE acuse al gobierno del PP de oportunismo político -y no le falte razón ante la que se avecina en Cataluña- pero también lo es que el propio Estado se dote de mecanismos cohercitivos para su autodefensa.  También es cierto, que el Presidente del gobierno Mariano Rajoy, está preparando el terreno para que sea el T.C. quien le saque las castañas del fuego ante el desafío secesionista del 27 de septiembre ¿Es esto legítimo? No solo legítimo sino también legal. Se  equivoca el PSOE gravemente por no apoyar esta ley y sus argumentaciones carecen de valor, pagarán en las urnas estas veleidades. Es cierto que esta ley tendría que haber estado aprobada mucho antes, pero se ha hecho cuando más necesaria es. Y es bueno que el Estado Democrático de Derecho pueda defenderse con todos los argumentos legales de aquellos que atentan contra su propia integridad. De lo que se trata de una vez por todas es de impunidad, o sea, que aquellos funcionarios o instituciones que atente contra la Constitución respondan directamente ante las sentencias del T.C. ¿Hay algo más lógico y coherente que esto? También de una cierta alarma social en España por el secesionismo de Cataluña,  liderado por su presidente Señor Mas, sujeto como cualquier otro al imperio de la ley, como no podía ser menos en un Estado Democrático de Derecho.


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