Translate

sábado, 19 de noviembre de 2022

Una Ley contra el Estado de Derecho

 





                                                              "Somos esclavos de las leyes para poder ser libres"
                          
                                                                                                Marco Tulio Cicerón



España es un Estado democrático de Derecho. Así lo define nuestra constitución del 78. Gracias al imperio de la ley los españoles somos libres y por derecho propio pertenecemos a los países más desarrollados y democráticos del mundo. Es una conquista del pueblo español de la que muchos nos sentimos orgullosos.
España no es un país equiparable a una facultad universitaria de "niñatos progres" que juegan a políticos, ni el lugar donde se lanzan discursos y mítines cual de ellos más desnortado, ni el laboratorio donde se elaboran experimentos políticos disparatados cuyas consecuencias son imprevisibles. Y en eso estamos. En la elaboración de la ley del "solo sí es sí", hubo mucha gente que no hizo bien su trabajo. Nos equivocamos, si pensamos que la única responsable es la ministra de Igualdad Irene Montero, que lo es, porque de forma obstinada y soberbia ha sido la que ha elaborado esta chapucera ley que tanta alarma social está causando. Un escándalo de proporciones esperpénticas.
Pero aquí el principal responsable es ese señor que no podía dormir en el palacio de la Moncloa, llamado Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, porque no iba a gobernar  con los podemitas. Aunque no solo él, también un Consejo de ministros colegiado constituido entre otros por tres ministros de profesion juez, que no descubrieron o no quisieron ver las grandes deficiencias de esta ley. Y por último, un Congreso de los Diputados que no hizo bien su trabajo, votando a favor de esta ley nueve partidos excepto PP y Vox que votaron en contra; su negligencia llegó a tal extremo, que no tomaron en consideración los informes preceptivos emitidos por los diversos organismos que la revisaron antes de ser tramitada en el Hemiciclo.
Las consecuencias ya las estamos viendo: un goteo de condenados por delitos sexuales han pedido su reducción de penas acogiéndose a la retroactividad de las más favorables porque así está establecido en nuestro código penal. Y es que cuando se toca el Derecho penal, ocurren estas cosas, por ser el instrumento punitivo por excelencia del Estado de Derecho para obligar a todos sus ciudadanos a cumplir las leyes. ¿A qué espera Pedro Sánchez para cesar a su ministra de Igualdad Irene Montero? ¿Acaso no preveían en Moncloa las consecuencias catastróficas de esta ley? ¿para qué tantos asesores jurídicos y políticos que tanto cuestan al erario público? Para este señor lo importante no es España sino mantenerse en el poder. La cesará cuando sean aprobados los presupuestos del Estado, o puede que no, porque quien debe dimitir es él mismo. No lo hará porque la coalición ultra izquierdista saltaría por los aires.
En el fondo y en la forma, se trata de no aceptar el imperio de la ley por aquellos que no creen en él. Se trata de un atentado contra el Estado de Derecho refrendado en nuestra Constitución, para controlar desde el ejecutivo los tres poderes independientes de Montesquieu, fundamento del Estado de Derecho. Y como decía Cicerón, cien años antes de Cristo, con su brillante elocuencia: "Los pueblos en decadencia, cuando desesperan de todo, suelen presentar estos síntomas de su desastrado fin: a los condenados se les reintegra en sus bienes y derechos, los presos recobran la libertad, vuelven los desterrados y se anulan las sentencias. Cuando tales cosas ocurren, nadie deja de comprender que la república perece, y donde suceden, nadie conserva esperanza alguna de salvación."