Hoy
comienza el que pasa por ser uno de los juicios más relevantes de
nuestra democracia, similar en trascendencia al del 23-F, al de los GAL
que dio con la cúpula del Ministerio del Interior socialista en la
cárcel, o al de la ilegalización del brazo político de ETA, o al del
11-M. Todos ellos tenían un nexo en común respecto a la vista oral que
hoy empieza por el intento de golpe de Estado perpetrado en Cataluña el 1
de octubre de 2017: el del proteger a nuestra democracia frente a
quienes la atacan. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se enfrenta
hoy, pues, a un reto esencial para la pervivencia del Estado tal y como
lo concebimos los españoles en 1978, con el mandato vinculante de
asegurar la unidad de España. Por eso conviene combatir numerosas
mentiras enfermizas. Que este juicio a doce líderes del separatismo
catalán esté contaminado por connotaciones políticas ajenas al Tribunal
no implica en ningún caso que sea un «juicio político». Es un proceso
penal a unos presuntos delincuentes acusados de rebelión, sedición y
malversación para subvertir el orden constitucional, declarar
ilegalmente una «república» catalana, y romper, con episodios de
violencia incluidos, la unidad de España. No es cierto que haya en
nuestro país «presos políticos». Ni que se les juzgue por votar en un
ejercicio legítimo de su derecho al sufragio. No es verdad que se
juzguen ideas y no es verdad que el Supremo haya predeterminado su
sentencia.
Sin embargo, el independentismo se ha convertido en una
mafia en busca de cómplices para difundir esa mercancía caduca. Es
irritante que haya países como Bélgica, protectores de prófugos rebeldes
como Carles Puigdemont, o que haya medios de comunicación
internacionales que retraten a España como una dictadura autoritaria y
represora. Sí, porque es mentira. Pero siendo irritante, no es tan
peligroso como que el cooperador necesario, incluso en la estrategia
jurídica diseñada -y fallida- para impedir que se les juzgase por
rebelión, sea el propio presidente del Gobierno. Eso sí es
extremadamente grave, en la medida en que ha pretendido coaccionar a
nuestra Justicia con el fin de agradar al separatismo para sobrevivir
con 84 escaños. Pero nada de esto es lo que se juzga. Se juzgan hechos a
priori compatibles con algunos de los delitos más ominosos de nuestro
Código Penal. Más aún: si alguien cree que el Tribunal Penal va a
permitir que la sala se convierta en un parque temático del
independentismo, es que desconoce la seriedad, independencia e
imparcialidad con la que actúa. Este juicio no es político. Es una vista
a personas que se juegan hasta 25 años de cárcel, y eso es mucho más
que formar parte del martirologio victimista de una traición a la
nación. Estaban avisados y, pese a ello, golpearon a España. Es hora de
hacer justicia.
(Editorial de ABC, 12-02-2019)
