Estudiar en Español en toda España

¿Qué pensarían Ustedes de un país donde los niños no pueden ser escolarizados en la lengua que quieren sus padres? ¿ Y si esa lengua es la oficial de todos los españoles, los cuales tienen el deber de hablarla y conocerla según establece la Constitución? ¿Les parece obvio que pueda ser enseñada o elegida como lengua troncal para estudiar?  Pues lo que a cualquier persona sensata, le parecería normal, aquí, en este país llamado España, no lo es tanto. La nueva ley para la mejora del sistema educativo (LOMCE) del ministro Sr. Wert, establece que los padres que quieran que sus hijos estudien en castellano podrán escolarizar a sus hijos en centros privados y será la propia comunidad autónoma la que "sufragará los gastos de escolarización", por lo tanto, se garantiza la enseñanza del castellano en todas las comunidades con lengua cooficial, en concreto, en Baleares, Cataluña, Galicia, Valencia y Vascongadas. Esto, que es de sentido común, porque respeta lo que dice la Constitución, ha causado un revuelo de protestas en los medios de comunicación y en los gobiernos autonómicos. En concreto, en Cataluña, la Consejera de Educación Irene Rigau, ha afirmado, nada más conocer el borrador a través de la prensa que la LOMCE "tumba" la inmersión lingüística en Cataluña. También, el gobierno catalán ha manifestado que recurrirán la ley el Tribunal Constitucional. Están en su derecho hacerlo, porque este País llamado España, es un Estado social democrático de derecho; lo peor que nos puede pasar sería no acatar la sentencia y por tanto, no cumplirla, (a lo que están muy acostumbrados los nacionalistas cuando la sentencia no le es favorable).

Ante esta situación hay que tener muy claro que las lenguas no tienen derechos, sino las personas; y de lo que se trata aquí, es de respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos en Español, como lengua oficial de España o en la lengua que deseen. Este derecho no puede usurparlo ninguna autoridad, sea estatal o autonómica, sencillamente porque son ciudadanos que pagan sus impuestos  y tienen derecho a exigirlo, así de simple. Tanto la administración estatal como la autonómica son instrumento subsidiario al servicio de los ciudadanos. El problema hay que encuadrarlo en la falta de libertad que tienen los ciudadanos frente a una administración ideologizada, que quiere imponer sí o sí, su criterio exclusivista. Otra de las objeciones ante la nueva ley es el coste excesivo de procurar un colegio en español a quien lo solicite, en el caso que la autonomía no pueda ofertar las clases en español. Pero este argumento es falaz, puesto que primero afirman que hay muy pocos alumnos en esta situación y luego que sería un coste excesivo ¿en qué quedamos? ¿Hay muchos o pocos? Si hay muchos o uno sólo (da lo mismo) hay que aplicar la ley, so pena de discriminar a los derechos de estos alumnos, promulgados en la Constitución, que establece la igualdad de derechos entre todos los españoles. Ante las críticas vertidas sobre esta ley, sobre que es una ley franquista, retrógrada, antiprogresista etc, hay que afirmar con rotundidad que no es cierto. No hay una ley mas progresista, que aquella que respeta y defiende los derechos de los padres a educar a sus hijos según su propia elección. Discriminatorio es lo que hacen algunos políticos catalanes, con un alto poder adquisitivo, que envían a sus hijos a colegios privados donde pueden estudiar en inglés, alemán o francés, además de español, sin importarles que los hijos de emigrantes o de familias precarias, tengan necesariamente que ser educados solo en Catalán, con lo que esto significa para su integración social y su inserción laboral.  ¿Quienes tienen mejor futuro los hijos de los políticos o los hijos de los obreros? La respuesta es obvia.
La ley saldrá adelante pues el PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pero mas le valdría consensuar y dialogar con los demás partidos sean nacionalistas CiU  (Convergencia i Unió) y PNV (Partido Nacinalista Vasco) o de la oposición. Dos ojos ven más que uno.