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viernes, 11 de abril de 2014

"Nosotros cuando gobernamos es para solucionar los problemas de la gente"





"Nosotros cuando gobernamos es para solucionar los problemas de la gente", Manifiesta Cayo Lara coordinador de Izquierda Unida. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no debe de estar muy de acuerdo con su socio de gobierno puesto que firmará mañana un decreto por el que se retirará provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público del gobierno regional. Esta decisión se produce después de que los desalojados de la Corrala La Utopía en Sevilla hayan recibido hoy las llaves de las viviendas para ser realojados en diferentes barrios de la capital andaluza Por una vez y sin que sirva de precedente la presidenta tiene toda la razón: gobierna para todos los andaluces, no para una minoría. Para un gobernante su acción de gobierno empieza por cumplir la ley, no transgredirla. Las familias que han recibido las llaves de las viviendas de protección oficial (VPO) tienen todos los derechos para ocuparlas, no menos que las 13.000 familias que están en lista de espera desde hace tiempo y que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos que los manifestantes de Utopía. No pueden tener más derechos quienes se manifiestan en la calle o gritan más fuerte; quienes aparecen en la televisión o hablan ante un micrófono. El Estado ha de garantizar la igualdad. En un Estado de derecho hay que respetar las normas, de lo contrario, caemos en la arbitrariedad, el clientelismo, el populismo...IU, no puede pisar despachos y alfombras, elaborar leyes en el parlamento andaluz, gobernar en coalición con el PSOE en la Junta y a la vez agitar la calle, apoyar a sindicatos que asaltan hipermercados, ocupar fincas, etc. Su discurso es demagógico y falaz. 
¿De quienes son los pisos de VPO? ¿Quiénes los han financiado? La norma constitucional de que "todos tenemos derecho a una vivienda digna" ¿Significa que los poderes públicos deben regalar viviendas? ¿Qué hay del derecho a la propiedad privada? La inmensa mayoría de ciudadanos de este país  compra su vivienda con tesón, esfuerzo, trabajo y a costa de muchos sacrificios, hipotecándose por muchos años. Esta es la realidad, porque estamos en un sistema de mercado, nos guste o no, así es. La construcción de más de tres millones de viviendas vacías han sido financiadas por bancos y cajas de ahorro, con dinero de todos los españoles. Los 107.000 millones de euros que el gobierno ha dado a las entidades financieras, han servido  -en parte- para refinanciar la burbuja inmobiliaria, para tapar el agujero negro creado por la mala gestión de las cajas de ahorro, no proceden, pues, de las nubes ni del maná del desierto, los pagamos Usted, yo, su vecino y nuestros hijos, como deuda y con intereses por muchos años. Ese dinero no ha ido a los bolsillos del Señor Botín (Banco Santander) o el Señor González (Banco BBVA); ese dinero no ha cumplido el fin social para el que fue creado, ni ha servido para solucionar el problema de los cinco millones de parados, sino para construir obras faraónicas de nula utilidad y creación de riqueza. Ese dinero solo ha servido para satisfacer los intereses de la clase política, empresarial y sindical y para el enriquecimiento personal. Las cajas de ahorro han sido instrumentalizadas, mal gestionadas y mal gobernadas, en los consejos de administración, por los representantes políticos de los partidos mayoritarios (PP, PSOE, IU, CiU), Los Rato, Blesa, Narcís Serra, etc.,) por asociaciones empresariales, sindicalistas (entre los que se encontraban los sindicatos de clase de izquierda -por cierto- con sueldos que sobrepasaban los 300.000 euros). Aquí cada uno ha de asumir la cuota de responsabilidad que le corresponde sin mirar para otro lado.
Gobernar, Señor Lara, es distribuir con equidad y justicia los recursos públicos, es respetar las listas de espera (también la de aquellos ciudadanos que cumplen con las reglas del juego, aunque no sean de mi misma ideología) Es considerar a todos los ciudadanos iguales ante la ley sin tener en cuenta el carnet del partido o su afiliación política. Corresponde a los poderes públicos y sus gobernantes, ayudar a las familias con hijos y sin recursos, en la adquisición de una vivienda digna, siguiendo los procedimientos que establece la ley, y los derechos y deberes que amparan a propietarios y demandantes. Muy bien por la Señora Díaz que ha sabido estar a la altura de su cargo: Ser la presidenta de todos los andaluces, eso sí, creando una crisis de gobierno de alcance incalculable. Sus motivos tendrá. Pero eso es otro problema.





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