Quien escribe en este blog no acostumbra a copiar editoriales de ningún medio, porque desde aquí  se pretende manifestar un pensamiento propio, independiente de todo medio de comunicación, en la búsqueda de preservar a los lectores de  un adoctrinamiento ideológico, y ofrecer una información veraz que suscite el debate mediante  la argumentación y la racionalidad. Pero hoy voy a hacer una excepción, porque el momento que vive España es excepcional, y como ciudadano comprometido con la democracia como sistema de gobierno, con la Constitución como marco jurídico legítimo y con la ley como único instrumento que garantiza a la vez la libertad y la convivencia, me veo en la obligación  moral de hacerlo; ya que cuando esos valores se ponen en peligro, nuestro deber cívico es salir en su defensa. Porque sin legalidad no hay democracia y sin democracia no hay libertad. He aquí el Editorial del Semanal Digital de fecha 07 de septiembre de 2017, con el que me identifico plenamente.




Y ahora, la ley sin excepción


La locura secesionista ha alcanzado ya un punto sin retorno con la sonrojante, ilegal y cochambrosa aprobación de una pseudo ley a favor del referéndum que conculca la propia legislación catalana y, desde luego, constituye una afrenta al conjunto de la ciudadanía y a la ley que regula la convivencia entre todos, la Constitución. La manera elegida por los impulsores del llamado "procés" lo dice todo al respecto de la naturaleza de sus intenciones, que merecen sin duda el calificativo de Golpe de Estado y reclaman la respuesta más contundente posible.

Todo lo que hace y sostiene el soberanismo es ilegal y nace de una lectura falsa y tóxica de los hechos que ha logrado inocular a miles de catalanes utilizando recursos de ingeniería social como la propaganda televisiva o la educación pública.

Pero ahora no se trata ya de saber cuántos catalanes respaldan este inaceptable desafío, como si la ley tuviera que ser una u otra en función del apoyo que tengan los infractores, sino de acompañar cada una de sus barbaridades de la respuesta legal, política y ética que la situación exige.Un apoyo sin fisuras

En ese sentido, buscar culpas o responsabilidades en el Gobierno de España, como algunos hacen con una mezcla de interés, ignorancia e irresponsabilidad, no sólo es injusto, sino también contraproducente, pues refuerza una actitud de secesión injustificable e ilegal frente a la que no caben fisuras.

Esto que ahora padecemos en pleno siglo XXI, cuando las conexiones globales son más importantes para superar los desafíos contemporáneos y más contraproducente es el aldeanismo nacionalista; ya lo sufrieron los españoles en 1934, durante la Segunda República: no es un fenómeno nuevo pues, y el único -y no menor- reproche que cabe hacerle al Estado es su ingenua paciencia ante tan desleales instituciones.

Apoyar al Gobierno es apoyar a España, y en situaciones de este calado ni caben medias tintas ni tampoco equidistancias entre quienes representan al conjunto de los españoles, catalanes incluidos, y quienes se sirven de la democracia y el Estado de Derecho para acabar con ellos en nombre de anhelos victimistas y en todo caso irrealizables.

Porque aquí no se confronta el deseo de un pueblo frente a la gris burocracia o la fría justicia; sino el pulso de unos indeseables contra un sistema democrático, siempre perfeccionable, que le ha procurado a España sus mejores 40 años de prosperidad en su ya larga historia.

Defender la Constitución y la ley es, sobre todo, amparar a los casi 47 millones de ciudadanos que conforman uno de los países más longevos del mundo, en los cuales recae el único ‘derecho a decidir’ digno de tal nombre, recogido en la Carta Magna y objeto ahora de un penoso intento de hurto.

Porque eso es precisamente lo que intenta el independentismo golpista: robarle al conjunto de la ciudadanía un proyecto común en el que la diversidad de lenguas, culturas e identidades son prueba de la riqueza de España, y no indicio de la coexistencia artificial de realidades distintas con derecho a segregar.

Si en algo se ha equivocado España es en su generosidad, resumida en una Constitución que reconoce como ninguna otra las especificidades de todo tipo de comunidades con un acentuado acervo cultural, hasta el punto de que su voluntaria "desaparición" en el día a día de Cataluña ha sido más aprovechada que agradecida por quienes pisotean ese esfuerzo centrífugo para esparcir la idea de un agravio inexistente.

Las leyes se aprueban para aplicarse, con especial necesidad en aquellas que regulan la propia subsistencia de la democracia, y no existe ninguna razón para que en este caso no se aplique esa máxima en toda su extensión.

Si al secesionismo le sigue saliendo gratis todo, a España le tocará acarrear una inmensa factura. Las tensiones secesionistas se vienen soportando desde al menos la Primera República hasta nuestros tiempos: ha llegado la hora de aplicar una respuesta distinta a la tradicional, sustentada en la paciencia y la cesión infructuosas. Esto es, la ley, sin excesos, pero sin limitaciones.