¿Quién debe ser el alcalde?

Hoy quiero reflexionar contigo sobre una cuestión que me parece de vital importancia para la democracia. En la elección de alcalde ¿Quién debe ser elegido el de la lista más votada y se ponga en marcha la llamada segunda vuelta o el propuesto por los grupos políticos asociados mediante pactos postelectorales y componendas partidistas? Mi propuesta es que gobierne quien gane. Siempre lo he pensado así, y lo mantengo ahora que, el Presidente del  Gobierno está decidido a sacar adelante el cambio de ley orgánica de régimen electoral para que entre en vigor en las elecciones municipales de mayo de 2015. Los dos métodos son democráticos y uno y otro tienen sus ventajas e inconvenientes. Pero ante la disyuntiva de elegir entre los más votados por los ciudadanos o los que surjan en el seno de los partidos políticos, opto por los primeros. La democracia es el gobierno de las mayorías, sin olvidar y escuchar lo que aportan las minorías. Pero es la voluntad del pueblo el que a través de una determinada ley electoral determina quien quiere que le gobierne. Los ediles son los cargos de representatividad democrática más cercanos con la verdaderas necesidades de los ciudadanos (se supone que por su cercanía son los más adecuados para conocer los problemas de la gente y su solución) A la hora de elegirlos no sólo cuenta el partido político que lo presenta como candidato, sino su programa y su valía personal supuestamente conocida por los vecinos (sobre todo en pueblos y ciudades pequeñas) Algunas veces los intereses de los partidos políticos no coinciden con los de los ciudadanos, debido a que cada uno se mueve por motivos contrapuestos. Las diferencias de criterio de los dos partidos alternantes en el poder PP y PSOE, difieren según estén en el gobierno o no, por lo que sus razones son poco objetivas para la salud democrática, mas bien habría que entenderlas como clave de oportunismo político para conseguir o mantenerse en el poder. Se trata de "al enemigo ni agua" y de llevar la contraria al oponente porque sí. Los dos pretenden acercar el ascua a sus sardinas. No obstante lo dicho, una reforma en la ley electoral sin el consenso mayoritario de los partidos políticos, podría entenderse como una medida electoralista que sólo beneficiaría al que la promulga. La mayoría absoluta del PP le confiere legitimidad democrática para sacar esta ley adelante, aunque no sería bien visto por el resto de los partidos políticos.