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sábado, 30 de agosto de 2014

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Es el número de aforados o privilegiados que pertenecen a la "casta" política de este país. ¿Qué es un aforado? Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. La razón aducida normalmente es evitar las presiones  a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones. Teóricamente así debería ser, aunque no en la práctica. Porque con el aforamiento se pretende eludir o retrasar la acción de la justicia, frente al resto de los ciudadanos, para seguir manteniendo privilegios y gozando de prerrogativas que le hacen casi inmunes a la acción de la justicia. Es una vergüenza nacional que hay que eliminar para que pueda cumplirse el mandato constitucional de que todos los españoles somos iguales ante la ley, y que la justicia sea igual para todos. Si para ello hay que cambiar la Constitución, hágase. Así lo piensan los socialistas que no dudan en apoyar al gobierno en algo que es de sentido común, en un país donde la corrupción de los políticos emerge como la espuma,  un día tras otro, sin que la justicia sea operativa y sus resultados se pierdan en trámites burocráticos o en cajones de la fiscalía del Estado. Reducir el número a 22 aforados, más 4 de la Casa Real (Presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y Senado y presidentes del tribunal  Supremo Y Constitucional, más los 17 presidentes de las CCAA), nos parece una medida necesaria y acertada que contribuirá al crédito de la democracia, tan deteriorado en nuestro país.
Lo que en nada contribuye a la democracia en Cataluña, son las declaraciones de Carod-Rovira ex-Coseller en Cap de la Generalitat, en la Cadena Ser, de que "un alto cargo de CiU" le confesó que la "mordida" del 3% en obra pública era del 5%. La pregunta es obvia: ¿Por qué no lo denunció en su tiempo y lo hace ahora? La respuesta es evidente: Porque a ERC no le interesaba para el proceso independentista, y ahora sí, pues piensa obtener rédito político y hacer leña del árbol caído en el que se ha convertido CiU. Oído esto ¿En manos de quién ha estado la gobernabilidad de Cataluña? ¿A qué espera la Fiscalía del Estado para exigir una declaración pormenorizada de los hechos y la veracidad de dichas declaraciones, caiga quien caiga? Estas son las cosas que los ciudadanos no comprenden y que ayudan a mantener el descrédito de la clase política.



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