¿Dónde está Montesquieu?

¿Quién gobierna en España? ¿Está politizada la justicia? ¿Hay una verdadera separación de poderes en la democracia española? ¿Es España un Estado democrático de derecho? Preguntas de difícil respuesta. El autor del El Espíritu de la Leyes, supo, con gran maestría y sutileza, romper la fortaleza del absolutismo creando tres puertas, cuyas llaves estuviesen  no en manos de un único poder absoluto sino repartido entre tres.  Se trata de que el poder que emana  de las leyes las elaboren unos representantes del pueblo elegidos democráticamente, las ejecuten y administren gobiernos con mayoría  o en coalición y las juzguen unos jueces independientes y al margen de las ideologías. Todo muy bien en teoría, otra cosa es la práctica. Vivimos tiempos preocupantes. La democracia ya sólo es legítima si la mayoría se dirige al refugio que la minoría quiere para todos nosotros. Y si ese no es el destino previsible, la democracia deja de guiarse por la voluntad de los más y se mueve a golpe de disturbio callejero. ¿Para qué votamos? ¿Quiénes son los que realmente deciden en nuestro país? ¿Es el populismo de las minorías quiénes deciden? ¿Por qué el partido gobernante exige al partido de la oposición que haga lo que él no hizo cuando era oposición? ¿Cómo puede el PSOE aconsejar no comprar los libros de texto de la LOMCE porque será derogada cuando lleguen al poder? ¿Tan seguros están de que van a ganar? y así, sucesivamente (uno y otro partido actúa según sus intereses, al margen de las reglas  que ellos mismos se han dado) Todos los intereses son legítimos de defender en el marco de  la ley, sin que generen violencia, esa es la línea que no se puede  cruzar. Lo que nos permite un diálogo civilizado es el respeto a la ley y también es ella quien garantiza seguridad jurídica. Fuera de ella, el caos, la barbarie, la arbitrariedad. Pero son los poderes públicos los que deben de dar ejemplo de ejemplaridad y respeto a las reglas del juego. Sólo así tendrán credibilidad ante los ciudadanos.

El caso ocurrido en la Comunidad de Madrid es paradigmático. Es una muestra de la mala salud de nuestra democracia. El gobierno madrileño había decidido privatizar la gestión de seis hospitales, al considerar que dicha gestión es más eficaz que la pública. La respuesta fue una enorme y prácticamente unánime protesta del personal sanitario, que se movilizó durante meses, apoyado por diversos colectivos y, naturalmente, la oposición. Visto que el Gobierno no cedía, llevaron el asunto a los tribunales, y el Superior de Madrid suspendió cautelarmente la medida "en defensa del interés publico y para evitar daños que serían irreparables". Todo aparentemente en orden, pero no es así. Estamos ante una caso de competencias entre tribunales: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Constitucional. No se trata de un problema laboral con los trabajadores, sino de la privatización de la gestión de los hospitales. Tampoco de la propiedad de estos, ya que seguirían siendo de los ciudadanos madrileños, sino de su forma de gestionar, de su administración. Corresponde al gobierno o poder ejecutivo "administrar" o gobernar según su criterio, y el mandato recibido de las urnas, no a la Justicia o poder judicial. En el supuesto que estén cercenados los derechos de los ciudadanos,  correspondería la competencia al Tribunal Constitucional, nunca al TSJM. Estamos ante un caso de la politización de la Justicia. Los partidos han obviado la norma básica de la separación de poderes de Montesquieu, Ejecutivo, Legislativo, Judicial,  procurando controlar por todos los medios éste último  –empezando por el Consejo General del Poder Judicial y terminando por el de la Fiscalía General, subordinada al Ministerio de Justicia– para tener carta blanca en sus chanchullos políticos. Ahora los jueces  - a sabiendas o no- se ven abocados a revocar con sus sentencias las decisiones gubernamentales. !Ay si levantara la cabeza Montesquieu!