Cortar por lo sano

Se comprende que algunos se hayan rasgado las vestiduras ante el cierre de la televisión pública griega. En un país, España, que se mueve en torno a las restricciones del gasto a cáusa de la crisis y la supervaloración que hacen algunos sectores de lo público, las comparaciones son odiosas. El maniqueísmo simplista de atribuir a la derecha la racionalidad económica en las decisiones del gobierno y la prodigalidad a la izquierda en razón de las necesidades sociales, es de aurora boreal. Lo que para algunos es un triunfo  de buen gestor, para otros es un atentado contra la pluralidad ideológica democrática. Razones de una u otra tendencia ideológica, hay como cabezas. Todas respetables y creíbles -aunque algunas más que otras-. El cierre de un medio de comunicación no es una buena noticia, pero generalizar hasta el extremo de que es una pérdida de la libertad de expresión, es una idiotez. Resulta paradójico y sorprendente, que  Grecia, el país que ha hecho de las ruinas su razón de ser, vaya a la ruina por el cierre de un medio de comunicación, por muy estatal  e importante que sea. El corporativismos esgrimido por sus colegas españoles, lejos de ser altruista o en defensa de la libertad de expresión, lo que esconde es una defensa de sus puestos de trabajo. Habría que conciliar el derecho a la información, educación, cultura   y entretenimiento con el de rentabilidad económica. A todos nos gustaría que este fuera el mejor de los mundos posibles, pero es el que podemos pagarnos. En España, la historia nos ha demostrado que las televisiones han sido un instrumento de manipulación, propaganda y servicio despótico de los políticos de turno para adoctrinar y aborregar a los ciudadanos, sin  importarles su coste. !Claro, tiraban con polvora del rey!  En un país hundido económicamente, lo coherente es eliminar lo superfluo y accesorio, antes  que asfixiar a los ciudadanos con impuestos y devaluar servicios vitales como la educación, la salud y la protección a los débiles. Los ciudadanos tienen derecho a saber el gasto de las televisiones  públicas  y evaluarlo respecto a otros gastos como sanidad o educación. Que haya 13 televisiones autonómicas, creadas a la sombra de la burbuja inmoviliaria, es un lujo y un despilfarro que España no se puede permitir en tiempos de crisis. Pero  que esas televisiones estén al servicio de los sátrapas y reyezuelos autonómicos para mayor gloria  y perpetuación en el poder, de políticos afines, familiares y amigos, es intolerable.

Hay que hacer una restructuración del sector televisivo español, sea estatal como autonómico, de acuerdo a parámetros mas eficaces y eficientes.