!Que se vaya a la privada!

Este era el grito unánime de un centenar de manifestantes de la sanidad pública de Madrid contra la Delegada del Gobierno del PP Cristina Cifuentes. Hospitalizada con un traumatismo torácico grave en la UCI, (Unidad de Cuidados Intensivos) a causa de un accidente de tráfico en moto, cuando circulaba por  la Castellana y ser arrollada por un turismo de alta gama. Este grupo de energúmenos - que no necesitan descalificación alguna porque ellos mismos se descalifican y que no representan a nadie- han aprovechado este lamentable accidente, para acometer con saña contra una paciente cuya única "culpa" es ser Delegada del Gobierno y hacer cumplir la ley y la Constitución que todos nos hemos dado. Nadie duda del derecho que les asiste en sus manifestaciones contra los recortes del gobierno comunitario de Madrid y la gestión  de éste para privatizar la sanidad pública. Aunque no era el día ni el lugar para hacer tales reivindicaciones laborales y menos para acometer contra una paciente en estado grave que lucha entre la vida y la muerte. "Que se vaya a la privada", "no queremos pagar su deuda con Sanidad y Educación" o "estas son las manos que te cuidan" son algunas de las consignas que han coreado el centenar de personas, vestidas con batas blancas, azules, amarillas y verdes. 

La Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud) se ha desvinculado de las consignas sobre la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Así lo ha traslado Mar Coloma, miembro de la plataforma y trabajadora del Ramón y Cajal, que ha estado presente en la concentración. "Nos desvinculamos de esas manifestaciones en las que la mayoría de los que estábamos allí no estábamos de acuerdo", ha manifestado Coloma.

En las sociedades democráticas el derecho de manifestación es incontestable, así como el derecho a ser atendido por la  sanidad independientemente del status, rol, raza, credo o afiliación política. Los profesionales de la sanidad deben hacer su trabajo lo mejor posible, y ser fieles al juramento hipocrático con independencia de la identidad del paciente. No me cabe la menor duda que así lo hacen la mayoría de nuestros profesionales de la sanidad, por lo que generalizar sería falso e injusto. Porque ¿Cuál es el mensaje subliminar que quiere transmitirse a los ciudadanos? ¿Nos desconectarán el goteo si no somos de su misma afiliación política? ¿Nos tratarán según nuestro carnet y no por nuestras dolencias? Sería terrible ser atendidos en nuestros centros hospitalarios en función de la actividad que profesamos o del partido político al que pertenecemos. Esa es la sensación que uno tiene cuando constata que desde posiciones ideológicas de  izquierda se persigue a políticos del PP, no sólo en sus domicilios sino también en los hospitales, culpabilizándoles de los recortes en sanidad, cuando es bien sabido que desde el gobierno socialista de Zapatero la sanidad arrastra un déficit de 15.000 millones de euros (Datos y cifras incontestables, al margen de toda posición ideológica). Sorprende, pues, que  toda protesta vaya en la misma dirección y que cuando el terrorista de ETA De Juana Chaos estuvo en el hospital, nadie se manifestara exigiendo el abandono del mismo.