EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS

No se pueden emplear todos los medios a nuestro alcance por muy noble y bueno que sea el fin que se quiere conseguir. Imaginemos que el Director General de la CIA es cogido "in fraganti alertando" a terroristas de Al-kaeda sobre una operación de la polícía norteamericana y mediante ésta información se aborta la operación y  es procesado por un juez. ¿Qué creen que sucedería? La inmediata destitución del Director General y hasta del Secretario de Estado junto a una crisis de gobierno de alcances incalculables. Esto sucedería en un país serio, como lo es Estados Unidos.
Aquí en España, publica El Mundo -en un excelente editorial- que para el juez Pablo Ruz, "queda acreditado que miembros de las Fuerzas de Seguridad ayudaron a Eta a escapar de la acción de la justicia, frustrando una de las operaciones más importantes contra la banda. El  caso GAL fue monstruoso puesto que se cometieron secuestros y asesinatos, pero al menos sus responsables podían alegar que querian alegar acabar con los crímenes de la banda. En el chivatazo del Bar Faisán, sucede lo contrario: que la Policía se pone del lado de Eta e intenta protegerla".
El caso Faisán es uno de los episodios más  graves que ha sucedido en nuestra joven democracia. Ya no hablamos de imputados, sino de tres colaboradores de Rubalcaba, procesados por el juez como presuntos colaboradores con banda armada: El Director General de la Policía, el Jefe de la Policía en el País Vasco y su colaborador. Es evidente, que una decisión de tal calibre no pudo ser tomada por estos mandos intermedios sin el conocimiento de sus jefes superiores en el Ministerio del Interior: Camacho y  Rubalcaba. De acuerdo con Soraya  de Santamaría, este hecho incapacita a Rubalcaba para cargo público y más para ser candidato a presidente de todos los españoles. Aunque la punta de iceberg es el Presidente J.Luis Rodriguez Zapatero y sus ocurrencias. Él fue quién la impulsó, la alentó, la enmascaró y la acarició, poniendose de hinojos ante los terroristas y colaborando presuntamente con ellos.
El capote echado por el Fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, cursando unas instrucciones de obligado cumplimiento, en las que al referirse al delito de pertenencia a banda armada, precisa que el de cooperación sólo se puede aplicar "partiendo de cierta adhesión ideológica". Es una matización nada irrelevante, ya que Conde Pumpido está sugiriendo que para que exista cooperación con Eta, debe haber intención de contribuir a sus fines. Dado que ninguno de los tres policías procesados tienen vínculos ideológicos, el nuevo criterio podría servir a la fiscalía para  defender que no ha existido ningún delito de colaboración con banda armada. El Supremo zanjó éste debate, afirmando "que el delito de cooperación, no sanciona la adscripción ideológica, ni las motivaciones subjetivas, sino el acto mismo de cooperar con la banda".
Es vergonzoso pretender que los americanos respeten los DDHH y la legalidad vigente en Guantánamo -no pasandoles ni una- y aquí en España, haya manga ancha para aplicar la ley según convenga a los intereses políticos del gobernante de turno. Esto no es posible, ni en el caso de perseguir fines buenos y nobles para todos,  como la paz y la finalización del terrorismo, cuanto menos, cuando lo que se persigue son ventajas políticas como rédito electoral, o lo que es peor, acuerdos firmados con los terroristas de Eta, doblegando al Estado de Derecho a sus malévolas exigencias.